Una elección no se gana solamente el día de las urnas. También debe garantizarse que todos lleguen a las urnas en condiciones razonablemente iguales, ha algo que me parece especialmente preocupante
No debemos caer en la trampa de convertir esto en una discusión entre correísmo y anticorreísmo, ADN y PSC, Gobierno y oposición, el problema es institucional.
Hoy puede ser un candidato de oposición, mañana puede ser uno del Gobierno.El principio democrático debe ser exactamente el mismo, sí alguien tiene cuentas sospechosas, que se investigue, sí existe enriquecimiento injustificado, que se investigue. Si existe lavado de activos, que se sancione, pero si no existe delito, ninguna institución del Estado debería convertirse en una herramienta para asfixiar financieramente a un adversario político.
Y tampoco sería correcto que un candidato utilice la palabra «persecución política» como escudo para impedir que las autoridades investiguen posibles irregularidades.
Por eso las preguntas periodísticas son muy concretas, ¿Quién ordenó el bloqueo? ¿Qué institución ejecutó la medida? ¿Existe una orden judicial o administrativa? ¿Cuál es el número del expediente?¿Cuál es el delito o infracción investigada? ¿Desde cuándo estaba abierta la investigación? ¿La medida se tomó antes o después de la inscripción de la candidatura? ¿Afecta solamente al candidato o también a familiares, socios y empresas? ¿Qué recursos puede presentar el afectado?
Y una pregunta todavía más importante, ¿Se están aplicando exactamente los mismos criterios financieros a candidatos de todas las tendencias políticas? Aquí está la verdadera necesidad de prueba, es necesario verdaderas respuestas democráticas, quien las tiene o quien las debe tener? .
Hoy no hay evidencia pública suficiente para afirmar que existe una operación gubernamental coordinada para eliminar candidatos mediante el bloqueo de cuentas.
Pero tampoco me parece correcto minimizar las denuncias, que hoy ya exprecandidatos han denunciado medidas cautelares financieras mientras se encuentran inmersos en procesos electorales sensibles, otros que callan, y algunos que mejor no participaron.
Tenemos un convenio reciente entre CNE y UAFE para intensificar la vigilancia financiera de candidatos y campañas. Y tenemos a la CIDH pidiendo expresamente garantías de participación política plural e igualitaria, pero son demasiadas circunstancias coincidentes como para no preguntar.
La democracia necesita investigación financiera, pero también necesita independencia institucional, necesita combatir el lavado de activos, pero también necesita proteger los derechos políticos.
Y sobre todo necesita que nadie pueda decir, “No me derrotaron en las urnas; me sacaron de la carrera antes de que pudiera competir”. Por eso, en mi opinión, la pelota está ahora en la cancha de las instituciones, que hablen los documentos, aparezcan las resoluciones, que se conozcan los expedientes, se determine quién ordenó los bloqueos y por qué.
Si hubo una razón legal, que se explique públicamente, si hubo un delito, que se sancione, si hubo abuso de poder, que también se sancione.
Porque al final y muy de acuerdo, las alcaldías y prefecturas deben ganarse con votos, no eliminando adversarios y esa defensa no es de izquierda ni de derecha. Es una defensa de la democracia.