El 28 de octubre de 2025, el Gobierno Nacional del Ecuador expidió el nuevo Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con el objetivo de modernizar los procesos de adquisición pública y fortalecer la transparencia en el uso de los recursos del Estado.
El nuevo reglamento, aprobado mediante el Decreto Ejecutivo N.º 193, complementa las disposiciones de la Ley de Contratación Pública y se suma al Decreto Ejecutivo N.º 191, que desarrolla la Ley Orgánica de Transparencia Social. Ambas normativas fueron suscritas por el presidente Daniel Noboa Azín y marcan un paso decisivo hacia una administración pública más abierta, eficiente y responsable.
Principales novedades del Reglamento de Contratación Pública
El nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicado oficialmente el 23 de julio de 2025 mediante el Decreto Ejecutivo N.º 57, incorpora innovaciones orientadas a optimizar los procesos de compra pública y garantizar el principio de “valor por dinero”. Entre sus disposiciones más relevantes se destacan:
Certificación obligatoria de operadores del sistema:
Busca profesionalizar al personal involucrado en los procesos de contratación pública.
Portal de Contratación Pública con datos abiertos:
Se implementará un portal interoperable, accesible desde www.compraspublicas.gob.ec
, que permitirá el monitoreo ciudadano y el análisis de información en tiempo real.
Uso obligatorio de herramientas informáticas:
Las entidades contratantes deberán utilizar de forma obligatoria los instrumentos digitales disponibles, como el Catálogo Electrónico y la Subasta Inversa.
Principio de valor por dinero:
Se establece formalmente como principio rector, exigiendo que las contrataciones optimicen recursos y garanticen la mejor relación costo-beneficio.
Fomento a la participación de PYMES y economía popular y solidaria:
Se incorporan mecanismos preferenciales y estudios de inclusión que faciliten la participación de micro, pequeñas y medianas empresas, así como de organizaciones comunitarias.
Contrataciones internacionales e importaciones:
Se establecen nuevas disposiciones que priorizan la producción nacional.
Nuevo procedimiento de negociación:
Se fijan reglas más claras para la negociación con oferentes únicos, buscando mejorar las condiciones económicas y la calidad de la oferta.
Además, el reglamento fortalece la supervisión del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y obliga a publicar en línea todos los documentos relevantes de los procesos contractuales, desde la planificación hasta la ejecución final.
Transparencia social y control ciudadano
El Decreto Ejecutivo N.º 191, que regula la Ley Orgánica de Transparencia Social, promueve la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.
Entre sus medidas se incluyen:
Creación de mecanismos institucionales de control social.
Implementación de portales digitales de acceso público a la información.
Seguimiento ciudadano a las políticas estatales.
Fortalecimiento de los sistemas de prevención de conflictos de interés y protección a denunciantes.
Con estas acciones, el Gobierno busca consolidar una administración más abierta, ética y participativa, en la que los ciudadanos puedan fiscalizar activamente la gestión pública.
PREOCUPACIÓN POR LA EXCLUSIÓN DEL ÁMBITO CULTURAL
Diversos sectores han manifestado preocupación ante la eliminación del régimen especial para la adquisición de bienes y servicios culturales, que estaba contemplado en la normativa anterior.
El nuevo reglamento únicamente menciona al sector en el artículo 119, que dispone que las instituciones del Sistema Nacional de Cultura deberán destinar al menos el 50 % de los recursos invertidos en artistas o espectáculos extranjeros a la contratación de artistas y espectáculos nacionales.
Con esta modificación, se suprime un marco que durante dos décadas impulsó la economía cultural y protegió los derechos de artistas y gestores. Representantes del sector advierten que esta exclusión constituye un retroceso para las políticas culturales del país, más aún en un contexto en el que no existe un Ministerio de Cultura ni mecanismos de defensa institucional del sector.
El Gobierno Nacional sostiene que la implementación de los nuevos reglamentos constituye un avance estructural en la gestión pública ecuatoriana, al fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y la eficiencia del gasto estatal.
Sin embargo, actores culturales y sociales instan a revisar la normativa para evitar que los avances en materia de transparencia impliquen retrocesos en el ámbito cultural y creativo.