Su trayectoria profesional se construyó entre el servicio público, la comunicación y el compromiso con la sociedad.
Ser fiscal en Ecuador significa ser un(a) funcionario(a) público perteneciente a la Fiscalía General del Estado, Órgano Autónomo de la Función Judicial, encargado(a) de dirigir la investigación preprocesal y procesal penal y de ejercer la acción penal pública en representación de la sociedad y de las víctimas.
Andrea Elizabeth Cazar Villacís, ibarreña, abogada y periodista, reúne estas experiencias, tiene conocimientos y capacidades suficientes y hoy adquiere una dimensión nacional ya que está participando en el concurso público para la selección y designación de la primera autoridad de la fiscalía general del Estado. Su posición (4ta) en este proceso de alta trascendencia institucional, ha mostrado su preparación profesional, su independencia de criterio, su probidad y el respeto a la ley como cualidades fundamentales para aspirar a dirigir una de las instituciones más sensibles para la democracia ecuatoriana.
Una mujer de Imbabura con vocación de servicio
Nacida en Ibarra, Andrea Cazar ha desarrollado una trayectoria que, combina el ejercicio del derecho con la comunicación social, la participación ciudadana y la gestión pública.
Su paso por distintos espacios de responsabilidad permite comprender una carrera que no se limita a una sola profesión. Como colega periodista, conoció el valor de la información, la importancia de escuchar a la ciudadanía y la responsabilidad de comunicar con claridad. Como abogada, su actividad se vincula con el conocimiento del ordenamiento jurídico y la defensa de los derechos. Y como servidora pública, ha tenido la oportunidad de desenvolverse en escenarios donde las decisiones institucionales inciden directamente en la vida de las personas.
En su recorrido consta su elección como Reina de Ibarra, una experiencia de representación social; su desempeño como concejala del cantón Ibarra; y su participación como delegada del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) entre 2010 y 2012.
También registra experiencia periodística en medios de comunicación locales y nacionales, así como funciones de comunicación social en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Desde 2012, según la información proporcionada, ha estado vinculada a la Defensoría Pública de Imbabura. Son etapas distintas, pero conectadas por un elemento común: el contacto con la realidad social y con las instituciones que tienen la responsabilidad de atender las necesidades de la ciudadanía.
El camino hacia la Fiscalía: una competencia que exige méritos y confianza pública
En marzo de 2026, el CPCCS informó que se habían registrado 75 postulaciones para el concurso de selección de la máxima autoridad de la fiscalía general del Estado. Andrea Cazar figuró entre las aspirantes inscritas por la provincia de Imbabura.
Su participación ha cobrado especial relevancia en las últimas etapas del proceso. De acuerdo con las calificaciones difundidas durante la fase de méritos, obtuvo 37 puntos sobre 50, resultado que refleja la valoración de su expediente conforme a los parámetros establecidos para el concurso.
Más allá de una cifra, la evaluación de méritos constituye una parte de un procedimiento que debe valorar la formación, la experiencia y los demás requisitos previstos en la normativa. El resultado definitivo dependerá de las siguientes fases y de las resoluciones oficiales correspondientes.
Andrea Cazar ha afrontado el proceso con serenidad, prudencia, sencillez y responsabilidad. Estas cualidades, observadas por quienes siguen su participación, merecen ser contrastadas con su desempeño público y con los resultados objetivos del concurso.
El 6 de octubre de 2026, la Comisión Ciudadana de Selección informó que había aprobado los informes individuales relativos a 41 impugnaciones ciudadanas contra 26 postulantes. El organismo anunció que las resoluciones serían notificadas a las partes y que cabían apelaciones ante el Pleno del CPCCS. Por ello, al 14 de octubre, resulta importante distinguir entre la aprobación de los informes y la conclusión definitiva de todos los recursos que pudieran presentarse.
Para Ibarra y la provincia de Imbabura, la presencia de Andrea Cazar en esta competencia constituye un motivo de interés ciudadano. Ser oriunda de Imbabura no garantiza una designación, como tampoco debe ser un obstáculo. Lo importante es que la evaluación se sustente en las capacidades, la integridad, la independencia y el cumplimiento de los requisitos legales.
La Fiscalía General del Estado tiene una misión decisiva, dirigir la investigación preprocesal y procesal penal en los términos establecidos por la Constitución y la ley, con responsabilidad frente a las víctimas, respeto a los derechos humanos y actuación independiente de intereses políticos o particulares. Quien llegue a dirigirla tendrá que demostrar que puede actuar con firmeza, pero también con imparcialidad; investigar sin privilegios ni persecuciones; y contribuir a que la ciudadanía recupere la confianza en la justicia. Esas son las exigencias que deben orientar el análisis de todas las candidaturas, incluida la de la profesional imbabureña.
Así se está desarrollando el proceso de selección de la Fiscalía General del Estado no está exento de inquietudes. Se han planteado cuestionamientos y posibles escenarios que podrían afectar su continuidad, entre ellos pedidos de nulidad o propuestas de modificar el mecanismo de designación, frente a estas circunstancias, el periodismo responsable debe evitar dar por confirmados escenarios que todavía requieren documentación oficial. Cualquier modificación del procedimiento debe examinarse a la luz de la Constitución, las leyes aplicables, las competencias de cada institución y las decisiones de las autoridades competentes.
La ciudadanía tiene derecho a exigir transparencia, conocer las calificaciones, revisar las resoluciones y vigilar que las reglas sean iguales para todos. Defender un concurso transparente no significa respaldar incondicionalmente a una candidatura, sino proteger el derecho colectivo a una selección legítima, motivada y sujeta al control público.
De igual manera, toda denuncia debe ser investigada y todo reclamo debe resolverse con garantías para las partes, sin descalificaciones anticipadas ni presiones indebidas.
La historia profesional de Andrea Cazar se desarrolla hoy en un escenario que trasciende su ciudad natal. Desde Ibarra hasta la competencia por una de las más altas responsabilidades del sistema de justicia ecuatoriano, su participación pone sobre la mesa el aporte que pueden realizar los profesionales de las provincias a la vida institucional del país.
Su paso por la comunicación social, la representación ciudadana y el servicio público conforma una trayectoria que merece ser examinada con seriedad, sin triunfalismos ni prejuicios. El desafío consiste en demostrar, con hechos y documentos, que la experiencia acumulada puede convertirse en una gestión independiente, transparente y comprometida con la justicia.
Imbabura puede acompañar este proceso con expectativa, pero también con responsabilidad ciudadana. Respaldar la legalidad, exigir transparencia y cuestionar aquello que no se ajuste a derecho son acciones compatibles con el respeto a todas las candidaturas.
Porque la Fiscalía General del Estado no pertenece a una provincia, a un partido ni a una persona. Pertenece al país y debe estar al servicio de la justicia, en este marco la Unión Nacional de Periodistas junto con el Colegio de Periodista de Imbabura están coordinando la realización de un evento público para el 6 de noviembre 2026 en el que se mostrará nuestro respaldo a la colega periodista que ha llegado a estas importantes instancias en el concurso público para la selección y designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, en tal razón invitamos a todos quienes adherirse a este necesario acto de respaldo y felicitación
