El país enfrenta una situación de tensión democrática, social y política.
La convocatoria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) , para unirse a un paro nacional de actividades indefinido que lo anunciaron para el 18 de sep. “inmediato e indefinido “, dijeron que es en contra de las medidas económicas y políticas del Gobierno de Daniel Noboa ,que a decir de los dirigentes indígenas, afecta a los más pobres del país, pues todo sube de precio.

A esta convocatoria otras organizaciones sociales e indígenas también han señalado que se unirán a esta medida de hecho con sus estructuras en todo el país. Por su parte el presidente Daniel Noboa lanzó una dura advertencia a quienes “presionen a agricultores a salir a las calles con 30 años de cárcel”. 𝗙𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗼, 𝗴𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗹𝗮 𝗨𝗡𝗘 𝘆 𝗲𝗹 𝗙𝗨𝗧 𝗵𝗮𝗻 𝗮𝗱𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗽𝗼𝗱𝗿𝗶́𝗮𝗻 𝘀𝘂𝗺𝗮𝗿𝘀𝗲 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗺𝗼𝘃𝗶𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝘀𝗶 𝗻𝗼 𝘀𝗲 𝗱𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮 𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼.
No realizado inmediato como anunciaron el paro ,dijeron que va el viernes 19 de septiembre, ahora dicen es para la 00:01 H del lunes 22 de septiembre. La incertidumbre ha pospuesto la realización de algunas actividades a expensas de que el dialogo solucione dichas amenazas, pero no. Sin embargo ya el Ministerio de Educación anunció que las clases serán presenciales este 22 de septiembre pese al paro nacional. Pese a que las clases no están suspendidas, el Ministerio de Educación aseguró que de ser necesario se ejecutará el plan de contingencia que contemplan las clases virtuales.
Mas, hoy en Otavalo por ejemplo en sendos comunicados por redes sociales indican que hay más temas que solicitan sean atendidos, como; la defensa de la vida, la educación, la salud, el agua, los territorios y la dignidad por lo que es necesario “proveerse de alimentos” para evitar desmanes y alzas de precios.
¿Inverosímil estos comunicados y resoluciones, que a más de resolver que algunas autoridades no sean gratas en sus territorios ,la ciudadanía general se pregunta y “nuestros derechos a movilizarnos libremente…dónde quedan? O sólo ustedes los tienen. En democracia hay que respetarlos. Ya se quieren adueñar del país. En elecciones perdieron. Gobiernan los que ganan”.
Hacen revivir recuerdos de octubre de 2019 y junio de 2022 y creo que en eso se está basando la planificación de estas medias, el Gobierno eso lo sabe por eso el estado de excepción y toques de queda.

Aunque en la provincia de Pastaza, diversas organizaciones indígenas han anunciado que no acatarán el llamado al paro nacional convocado por la Confederación de Naciones Indígenas de Ecuador (Conaie). Al contrario, han marcado distancias. Este escenario plantea diversas interrogantes sobre la legitimidad, el impacto y las implicaciones de estas movilizaciones, así como la respuesta del gobierno y la ciudadanía en general.
Presento un análisis desde diferentes perspectivas y recomendaciones para promover un diálogo constructivo y pacífico.
PERSPECTIVA DESDE LA CONSTITUCIÓN
La Constitución del Ecuador reconoce y garantiza el derecho a la protesta y a la manifestación pacífica como parte fundamental de la democracia. Sin embargo, también establece la protección de los derechos de terceros, la estabilidad social y la seguridad del Estado. El derecho a la protesta no debe afectar derechos fundamentales de otros ciudadanos ni generar caos o violencia. En este contexto, cualquier movilización debe ejercerse dentro del marco legal, buscando un equilibrio entre el respeto a los derechos colectivos e individuales.

PERSPECTIVA DESDE EL GOBIERNO
El gobierno tiene la responsabilidad de mantener el orden público y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. La declaración del estado de excepción en las provincias con mayor presencia indígena puede considerarse como una medida para prevenir hechos de violencia y proteger a la población, pero también debe estar fundamentada en criterios claros y proporcionales. Aunque los diálogos ya no son confiables, es importante que las autoridades prioricen el diálogo y la búsqueda de soluciones negociadas, evitando el uso excesivo de la fuerza y promoviendo canales de comunicación efectivos con los verdaderos líderes indígenas y las organizaciones sociales.
PERSPECTIVA DESDE LA CIUDADANÍA GENERAL
La ciudadanía, en su mayoría, buscamos estabilidad, paz social y soluciones justas a los problemas estructurales del país. La incertidumbre generada por el paro y las manifestaciones ya está afectando a la economía, el tránsito y el bienestar de todos. Sin embargo, también es fundamental entender las causas profundas del rechazo a decisiones gubernamentales y el derecho de todos y de a defender sus derechos y condiciones de vida. La participación legal ciudadana activa y responsable es clave para fortalecer la democracia y promover soluciones consensuadas.

Todo este análisis permite que salten varias inquietudes y preguntas y al estar ya en las resoluciones de algunas organizaciones, fuera Noboa ,No Constituyente , NO referéndum, No Consulta la pregunta es
¿ES NECESARIO CONVOCAR AL PARO O INFLUYE LA POLÍTICA PARTIDISTA PARA CREAR CAOS?
El paro es una herramienta legítima de expresión, y pueden organizar todas las agrupaciones sociales y políticas del Ecuador, pero si se ejerce pacíficamente y con objetivos claros. El paro es un derecho constitucional, pero no puede ejercerse anulando otros derechos de igual jerarquía como los derechos a trabajar o a circular libremente. Esta conducta sindical se transforma así en delictiva, y contraria a los intereses de los propios trabajadores. Peor cuando las movilizaciones se utilizan por intereses políticos partidistas para generar caos y desestabilizar el país, pretextando legítimas demandas sociales. Es importante distinguir entre protestas genuinas y acciones que buscan deslegitimar al gobierno o favorecer agendas particulares.

¿EL GOBIERNO HACE BIEN AL DECRETAR ESTADO DE EXCEPCIÓN?
La medida puede ser adecuada si responde a una situación de riesgo real y busca proteger la seguridad y el orden público. Sin embargo, debe aplicarse con respeto a los derechos humanos, garantizando que las restricciones sean proporcionales, temporales y sujetas a revisión. Como digo el diálogo y la mediación deben ser prioridad para evitar que la situación escale en violencia o confrontación.
MENSAJES Y RECOMENDACIONES DESDE EL PLANO CIUDADANO PARA EL PUEBLO
Promover el diálogo, la tolerancia y la comprensión mutua.
Participar activamente en espacios de discusión y propuestas de solución.
Respetar los derechos de todos los actores sociales y mantener la calma en las movilizaciones.
PARA EL PRESIDENTE Y EL GOBIERNO
Escuchar y atender las demandas de manera efectiva y transparente.
Buscar soluciones políticas que aborden las causas profundas de las protestas.
Garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar el uso excesivo de la fuerza.
Fomentar el diálogo y la mediación con los pueblos indígenas y otros sectores sociales.
PARA LOS INDÍGENAS Y LÍDERES SOCIALES
Mantener las movilizaciones en el marco de la paz y el respeto.
Dialogar con la apertura al entendimiento y la búsqueda de acuerdos.
Priorizar el bienestar colectivo y evitar acciones que puedan afectar a terceros.

Lo que hoy está viviendo nuestro país en todo ámbito refleja la complejidad de las demandas sociales y la necesidad de construir canales efectivos de diálogo y resolución de conflictos. La democracia, la participación ciudadana responsable, el respeto a los derechos y la voluntad de diálogo son fundamentales para superar estos momentos de tensión y avanzar hacia un país más justo, pacífico y democrático.