La reciente aprobación y publicación de la reforma a la Ley Orgánica de Integridad Pública, llevada a cabo el pasado 24 de junio y publicada en el Registro Oficial el 26 de junio, ha desatado inquietud y rechazo en diversos sectores del país. La modificación, en particular, afecta directamente a los servidores públicos del sector educación, salud y otros, al cambiar las condiciones para acceder a la jubilación voluntaria con compensación económica.
¿Qué cambios introduce la reforma y por qué genera preocupación?
La reforma modifica el artículo 81 de la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep), que regula la jubilación voluntaria y la compensación económica para los servidores públicos. Anteriormente, estos podían retirarse voluntariamente a partir de los 60 años, siempre y cuando cumplieran con los requisitos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), es decir, tener al menos 30 años de aportes y la edad correspondiente.
Con la reforma, la edad mínima para acceder a la jubilación voluntaria con compensación económica se eleva a 65 años, lo que implica un retraso de cinco años para quienes tenían previsto jubilarse entre los 60 y 64 años. Aunque anteriormente el artículo 81 señalaba los 65 años como edad máxima para ascender en la carrera pública, la posibilidad de recibir la compensación económica desde los 60 años ahora desaparece, lo que representa, según dirigentes sindicales y docentes, un retroceso en los derechos adquiridos y un impacto negativo en la estabilidad financiera y la calidad de vida de los trabajadores.
Impacto en los derechos laborales y en la planificación de vida de los servidores públicos
Este cambio afecta gravemente a los profesionales del sector educación y salud, quienes consideran que se están modificando derechos constitucionales y laborales que deben avanzar hacia adelante, no hacia atrás. La modificación altera la planificación de vida de miles de trabajadores que, en muchos casos, estaban próximos a jubilarse y ahora deben esperar cinco años más para acceder a los beneficios que ya tenían garantizados.
Respuesta de los sectores afectados
La Unión Nacional de Educadores (UNE) y otros sindicatos han expresado su rechazo a esta reforma y anunciaron acciones concretas. El dirigente sindical de la UNE informó que presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, buscando que estas reformas sean declaradas nulas y que se respeten los derechos laborales de los servidores públicos.
Compromiso con la defensa de los derechos laborales
Desde la UNE y otros gremios, se reafirma el compromiso de defender los derechos laborales y constitucionales de los trabajadores públicos, exigiendo que cualquier reforma respete los avances logrados y garantice condiciones dignas para quienes dedican su vida a servir al país.