La noche del sábado 7 de junio de 2025, el Pleno de la Asamblea Nacional dio un paso decisivo en la lucha contra las economías criminales y la inseguridad en Ecuador, al aprobar la Ley de Solidaridad Nacional propuesta por el presidente Daniel Noboa. La normativa obtuvo 84 votos a favor, 1 en blanco, 10 abstenciones y 46 en contra, marcando un momento clave en la respuesta legislativa a la grave crisis de seguridad que atraviesa el país.
La sesión estuvo impregnada de un fuerte simbolismo y carga política. El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, abrió el encuentro con un minuto de silencio en memoria de los cuatro comerciantes secuestrados y hallados sin vida en una cisterna en Guayaquil, así como por los policías que capturaron a los sospechosos del caso y posteriormente fueron liberados. Este acto reflejó la gravedad de la situación y la urgencia de implementar medidas efectivas.
El contexto de la aprobación se enmarca en una situación de crisis profunda. Desde que el presidente Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno en enero de 2024, Ecuador ha enfrentado un recrudecimiento de la violencia, impulsado por la confrontación con organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico. Las tasas de homicidio alcanzan niveles sin precedentes, con proyecciones que indican que el país cerrará el año con más de 53 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, superando ampliamente el promedio regional.
La Ley de Solidaridad Nacional, que también fue aprobada en su segundo debate por la Comisión de Seguridad y remitida al Pleno, cuenta con el respaldo unánime en esa instancia, donde tanto oficialistas como opositores coincidieron en su importancia. La normativa fue defendida por la asambleísta Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, quien destacó que la ley busca fortalecer las capacidades del Estado para responder con contundencia a la criminalidad.
Entre las principales medidas establecidas en la ley se encuentran la ampliación de los plazos para casos de flagrancia, la obligatoriedad de prisión preventiva en delitos relacionados con crimen organizado y la especialización de jueces y fiscales según el tipo de delito. El objetivo, según expresaron las autoridades, es ofrecer una respuesta efectiva del aparato judicial y de las fuerzas del orden para reducir la violencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La aprobación de esta ley representa un paso crucial en el combate a las economías criminales y la inseguridad, en un contexto donde el país requiere acciones decididas y coordinadas para revertir la alarmante tendencia de violencia.