Organización de las Naciones Unidas, incluye iniciativas como proyecto de Resolución sobre seguridad de los periodistas.

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El 27 de septiembre, Ecuador se comprometió, por primera vez, con una Resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (NU) sobre la seguridad de los periodistas y la impunidad.

Este pronunciamiento es particularmente importante, ya que nunca antes un texto de NU se había centrado en la necesidad, no solo de proteger a los trabajadores de los medios de comunicación en el ejercicio de su profesión, sino en la importancia de que los Estados promuevan las medidas necesarias para prevenir cualquier tipo de violencia en contra de ellos. Durante el 39° período de sesiones del Consejo, desarrollado en Ginebra, el país apoyó incluir en la resolución:

La preocupación por las intimidaciones de periodistas por parte de políticos y otras autoridades.

El llamado a los Estados a velar para que las leyes sobre difamación no se utilicen indebidamente, en particular imponiendo sanciones penales excesivas; para censurar ilegítima o arbitrariamente a los periodistas e injerirse en su misión de informar a la sociedad

El llamado a integrar la seguridad de los periodistas en la agenda 2030 y poner en marcha mecanismos para recolección de datos que hagan posible la medición del indicador 16.10.1. de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El llamado a no utilizar técnicas de vigilancia ilícitas o arbitrarias sobre periodistas, a proteger a los denunciantes en reconocimiento de que los periodistas, y quienes les proporcionan información, son esenciales para fomentar la rendición de cuentas de los gobernantes.

Alejandro Dávalos, en representación de Ecuador indicó que “El país está convencido de que una prensa libre e independiente es necesaria y saludable para un sistema democrático. Bajo esa premisa, el Estado está en un proceso de fortalecimiento del derecho a la información que, sin duda, es la piedra angular de la democracia”.

Actualmente está listo un plan de acción que incluye la constitución de un mecanismo permanente de protección a periodistas, que incluya mapas de riesgos y protocolos a aplicar en las zonas y/o coberturas de riesgo y conflicto; un sistema de alertas tempranas y coordinaciones efectivas.