La Constitución de la República del Ecuador define a los Consejos Nacionales para la Igualdad como órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Carta Magna y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Estos Consejos responden a las temáticas de género, pueblos y nacionalidades, generacionales, de discapacidades y movilidad humana, a partir de una mirada integral del ejercicio y protección de derechos.
De acuerdo con la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, los Consejos -integrados paritariamente por representantes del Estado y de la sociedad civil- tienen atribuciones en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de igualdad.
De tal forma que, a través de sus funciones, se promueve la garantía de los derechos de toda la población. En particular, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional asegura la plena vigencia y ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución Ecuatoriana y en los instrumentos internacionales de niñas, niños, y adolescentes; jóvenes; y, personas adultas mayores.
Para garantizar los derechos de estos grupos, se coordina con las entidades rectoras, ejecutoras, y con los organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de gobierno.
La atribución de observancia, por otro lado, permite realizar un control a la implementación de la política pública y “exigir la autocorrección administrativa cuando las decisiones presupuestarias, de planes, programas y políticas sociales básicas no se corresponden con la situación de los derechos”.
Las organizaciones CARE Ecuador, Diálogo Diverso (DD) y la Fundación Alas de Colibrí (ACF) en su tarea de brindar herramientas y propuestas basadas en evidencia para apoyar el acceso a derechos humanos de la población en movilidad humana en Ecuador, han llevado a cabo un proceso de investigación, que pretende ser una contribución para la reforma normativa, la reformulación de políticas públicas, el fortalecimiento institucional y el cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos de personas en movilidad.
En esta investigación se elaboró herramientas para la levantar información primaria a través de entrevistas y encuestas online a la población migrante venezolana; así como entrevistas a representantes de organizaciones no gubernamentales, agencias de Naciones Unidas y organismos de cooperación; cuyo resultado permitió contar con elementos de orden cualitativo respecto al ejercicio de los derechos humanos de la población mencionada. Por otra parte, se realizó una revisión detenida de la información secundaria proveniente de estudios e investigaciones anteriores, análisis de especialistas, documentos oficiales de instituciones del Estado ecuatoriano, así como de los órganos del sistema internacional de Naciones Unidas y del Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
Finalmente, se realizó el estudio de un caso emblemático, cuyas características de orden jurídico, organizacional y social, permitió valorar los elementos que contiene el litigio estratégico y el eventual activismo judicial; de cara a evidenciar los problemas de orden estructural que afectan la vida de los migrantes venezolanos en Ecuador.
Todos los insumos utilizados permiten contar con un estudio que da cuenta del marco del Sistema Internacional de Protección en materia de derechos humanos, refugio, desplazamiento, apatridia, derechos laborales, así como el rol de los órganos del sistema de Naciones Unidas (Comités de los Tratados) y del Sistema Regional de la OEA (CIDH, CorteIDH y Relatoría de los Derechos de los Migrantes).